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Convertiría Proyecto de Ley 4 a policías locales en agentes fronterizos
Mientras Texas continúa liderando la nación en número de residentes sin seguro médico, su sistema de escuelas públicas enfrenta una crisis financiera profundizada por una campaña derechista hacia la privatización, y su infraestructura está abocada a estropearse cada temporada por nuevos extremos de calor y frío, las temperaturas extremas del estado. La Legislatura dirigida por el Partido Republicano ha dado un golpe al progreso en un tema decididamente no relacionado: usurpar la prerrogativa del Gobierno federal de establecer y hacer cumplir las leyes de inmigración de la nación.
La semana pasada, luego de un tenso maratón de debates en la Cámara de Representantes a mitad de la tercera sesión especial de la Lege este año, la Cámara Baja del Estado aprobó el Proyecto de Ley 4 de la Cámara en las primeras horas de la mañana. El proyecto de ley, que autorizaba inicialmente a la Policía estatal y local a arrestar o deportar a inmigrantes no autorizados sospechosos, representa un punto de inflexión en un giro político que ya lleva años contra los inmigrantes por parte del Partido Republicano de Texas, un estado donde casi uno de cada cinco nace en el extranjero. La medida es también un probable intento de lograr que la Corte Suprema de Estados Unidos anule Arizona v. Estados Unidos, que reafirmó la autoridad exclusiva del Gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración.
El miércoles, el senador estatal Brian Birdwell, un republicano de Granbury, a más de cinco horas en automóvil de la frontera entre Texas y México, presentó una versión enmendada del Proyecto de Ley 4 de la Cámara de Representantes en el Comité Senatorial de Seguridad Fronteriza. La nueva versión eliminó disposiciones, aprobadas la semana pasada en la Cámara estatal, que habrían permitido a los agentes de Policía estatales y locales deportar efectivamente a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. El proyecto de ley actualizado también eliminó un cargo penal propuesto por reingreso ilegal.
Sin embargo, el nuevo proyecto de ley aún consideraría un delito menor que inmigrantes no autorizados ingresen indebidamente a Texas desde una nación extranjera, lo que, según abogados y defensores, va en contra del precedente legal que otorga al Gobierno federal autoridad exclusiva sobre la aplicación de la ley de inmigración. También requeriría que los jueces ordenen que el Estado transporte a las personas, después de que hayan cumplido sentencias penales por violar esta ley, a “las autoridades federales en el puerto de entrada más cercano para regresar al país de origen de la persona o a la nación extranjera de donde provienen”.
Un desastre que se avecina
“Se siente como un desastre civil y de derechos humanos que se avecina”, dijo Roberto López, gerente de defensa del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. “No sólo criminaliza a las personas por ser indocumentadas en Texas, sino que también… fomenta la elaboración de perfiles masivos de personas, especialmente en la frontera, pero potencialmente en todo el estado de Texas”.
HB 4 crea nuevos delitos estatales por ingresar o reingresar indebidamente a los Estados Unidos. Existen delitos comparables bajo la ley federal y son aplicados por el Gobierno federal; de hecho, la aplicación estricta de estas leyes fue el mecanismo para la política de separaciones familiares de Trump , pero un estado que lo hiciera destruiría el status quo legal. Según la HB 4, un migrante que desafía el Río Grande podría ser arrestado por policías estatales, agentes del Sheriff o la Policía local.
Sin limitaciones establecidas
La aplicación principal de la HB 4 podría tener lugar justo a lo largo de la frontera entre Texas y México, donde los agentes arrestan a inmigrantes que acaban de presenciar cruzar el río. Pero el lenguaje del proyecto de ley en sí, dijeron abogados y críticos, no establece tales limitaciones. Tal como fue aprobada por la Cámara, la medida podría llevar a que la policía arreste o expulse a migrantes en todo el estado, incluso meses o años después de que las personas ingresaron o reingresaron al país.
En la audiencia del miércoles, Birdwell intentó disipar las preocupaciones de que la HB 4 se aplicaría en todo el estado y daría lugar a una discriminación racial generalizada. El senador afirmó que tiene la intención de que el proyecto de ley se aplique en el Río Grande o cerca de él, a menudo en los casos en que el oficial fue testigo directo del cruce inadecuado. Pero los abogados y defensores insistieron en que el lenguaje sencillo del proyecto de ley aún permitiría la aplicación de la ley en todo el estado por parte de agentes locales no calificados.
David Donatti, abogado senior de la ACLU de Texas, señaló una parte del proyecto de ley que libera a la Policía de responsabilidad financiera al exigir que los gobiernos estatales y locales paguen la factura de los casos civiles y penales contra agentes por la aplicación de la HB 4. “Si su conciencia no le impide expulsar esta familia, entonces tal vez la perspectiva de responsabilidad [bajo la ley federal de derechos civiles] podría hacerlo. … Esto incluso elimina esa pizca de responsabilidad o responsabilidad potencial”, dijo.
Gracias a una enmienda mínima, la HB 4 prohíbe la aplicación de la ley mediante “empujar a un niño al agua”, pero no prohíbe explícitamente hacerlo con un adulto. También restringe la aplicación de la ley en sitios donde los sobrevivientes de agresión sexual reciben pruebas forenses, pero no en refugios para víctimas de violencia doméstica.
En la frontera, el proyecto de ley probablemente llevaría a que las autoridades de Texas detuvieran a los solicitantes de asilo antes de que tuvieran la oportunidad de presentar su reclamo a los funcionarios federales, dijo Nina Perales del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef). También plantea el espectro de las separaciones familiares trumpianas, dijo, que en 2018 se llevaron a cabo separando a los padres de los niños para que los primeros pudieran ser procesados penalmente por entrada ilegal a nivel federal.
“No se le puede poner lápiz labial a este cerdo”, dijo Lisa Graybill, vicepresidenta de Derecho y Política del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, tras las enmiendas del miércoles. “El Proyecto de Ley 4 de la Cámara de Representantes convierte inadmisiblemente el estatus migratorio de una persona en un asunto que debe ser juzgado ante un tribunal estatal”.
El comité del Senado aprobó el proyecto de ley revisado con una votación de 3 a 2 el miércoles. La medida ahora debe ser aprobada por el Pleno del Senado antes de regresar probablemente a la Cámara Baja para considerar los cambios.
En un correo electrónico después de la audiencia del comité, el autor de la HB 4 en la Cámara de Representantes, David Spiller, dijo al Observer que el proyecto de ley es un “trabajo en progreso”, y agregó: “Hay algunos componentes de la versión del proyecto de ley de la Cámara de Texas, específicamente la autoridad para ordenar la expulsión de extranjeros que llegan aquí ilegalmente… eso siento que debe permanecer en el proyecto de ley”.
Con facultades, pero sin preparación
A nivel estatal, el proyecto de ley facultaría a los agentes de Policía locales para intentar descubrir el estatus migratorio, lo que puede ser bastante complejo. Algunas personas pueden incluso estar en camino a obtener un estatus legal después de ser deportadas. “Básicamente, un oficial de Policía local no está equipado para tomar esta determinación bajo ninguna circunstancia”, dijo Barbara Hines, ex directora de la clínica de derecho de inmigración de UT-Austin.
Los abogados dijeron al Texas Observer que el proyecto de ley parece ser, al menos en parte, una especie de cebo para la Corte Suprema de Estados Unidos. Tanto el gobernador de Texas, Greg Abbott, como el fiscal general Ken Paxton, han expresado el deseo de que la Corte revise una decisión de 2012 titulada Arizona contra Estados Unidos. En ese fallo, los jueces anularon en gran medida un proyecto de ley de Arizona que intentaba delegar a la Policía estatal y local como agentes de control de inmigración. La decisión de 2012, dijeron los abogados, reafirmó el control exclusivo del Gobierno federal sobre la inmigración y ayudó a definir las barreras para las interacciones entre la Policía y los inmigrantes indocumentados.
“Creo que todos están de acuerdo en que [HB 4] tiene prioridad según la ley actual. … Una de las cosas que la Corte Suprema dijo que Arizona no puede hacer es autorizar a la Policía estatal y local a realizar arrestos de inmigrantes”, dijo Perales.
Un ataque frontal a la ley
“Es un ataque frontal a nuestras leyes de inmigración”, resumió Hines.
Contactado por teléfono, el representante David Spiller, autor del proyecto, defendió su propuesta. Si bien el proyecto de ley tiene alcance a nivel estatal, dijo que espera que “el 95 por ciento” de la aplicación de la ley “probablemente se realice dentro de 50 millas de la frontera”, a menudo en casos en los que el oficial fue testigo directo del cruce indebido. También afirmó que no busca revocar el precedente legal de Arizona vs Estados Unidos; él cree que la HB 4 en realidad cumple con el fallo, ya que se alinea con los estatutos federales de entrada y reingreso ilegal. “No estoy buscando derrocar a Arizona. Si alguien quiere cuestionar esto, hagámoslo… porque creo que es completamente constitucional”, dijo.
Spiller también reprendió las afirmaciones de que la medida conduciría a la discriminación racial. “Esto no se trata de raza. Se trata de la seguridad de nuestro país, y se trata de que los texanos tomen el asunto en sus propias manos y protejan a los texanos”, dijo.
Kristin Etter, abogada defensora penal y directora de proyectos especiales de Texas RioGrande Legal Aid, dijo que la HB 4 se aplicaría “absolutamente” en todo el estado y podría conducir al arresto y expulsión de “cualquiera que sea un inmigrante o que parezca ser un inmigrante”.
‘Operación Estrella Solitaria con esteroides’
Etter describió el proyecto de ley como una escalada de la Operación Estrella Solitaria (el plan fronterizo de Abbott de casi tres años de duración y valorado en más de 10 mil millones de dólares) en el que el estado ha tratado de utilizar cargos criminales de invasión como medio para arrestar a los inmigrantes. “Es la Operación Estrella Solitaria con esteroides”, dijo. “Es como una nueva escalada de la utilización de armas y la apropiación indebida del sistema de justicia penal en Texas en un intento de castigar y disuadir la inmigración”.
A principios de este año, una medida legislativa estatal que habría delegado a civiles comunes y corrientes para unirse a la diversión reaccionaria de la Operación Estrella Solitaria fue finalmente derrotada en la sesión legislativa ordinaria de Texas. Para la actual sesión especial, el gobernador pidió proyectos de ley que tipifiquen como delito la entrada ilegal y aumenten las sanciones penales por el tráfico de personas.
El debate nocturno en la Cámara sobre la HB 4 se volvió polémico cuando los republicanos actuaron para limitar la discusión de la medida. El demócrata de Houston, Armando Walle, llegó incluso a decirles a los legisladores republicanos: “Ustedes no viven en nuestra puta piel”.
La tensión y las siguientes horas de emotivos testimonios de los demócratas recordaron el debate de la Cámara de Representantes de 2017 sobre el Proyecto de Ley Senatorial 4, la medida que prohibió las llamadas ciudades santuario en Texas. Ese año, un legislador republicano, ahora presidente del Partido Republicano de Texas, Matt Rinaldi, llamó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los manifestantes latinos, y se produjo un altercado físico.
Gracias a la SB 4 de 2017, los alguaciles de los condados de Texas hoy no pueden impedir que ICE tome la custodia de detenidos indocumentados cuando de otro modo serían liberados, y los jefes de Policía de la ciudad no pueden prohibir a sus oficiales que soliciten los documentos de ciudadanía de los residentes. Si el Proyecto de Ley 4 de la Cámara de Representantes de este año se convierte en ley, muchas comunidades locales en Texas tal vez desearían poder promulgar tales protecciones.
Por Gus Bova / Texas Observer
Créditos: diario.mx
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