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Grupos armamentistas desafían en Cortes decreto de la gobernadora de NM
Santa Fe, NM– La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, anunció una prohibición de 30 días de portar armas de fuego en áreas públicas o propiedades estatales en Albuquerque y su condado, una medida que, según ella, es una respuesta necesaria a la violencia armada en la región, pero que los críticos denunciaron como inconstitucional, por lo que procedieron a interponer demandas en tribunales.
La prohibición se emitió el viernes como una declaración de emergencia de salud pública, lo que, según Luján Grisham, permitió al estado acceder a diferentes recursos. La orden ejecutiva, que cubre el condado de Bernalillo, prohíbe armas de fuego abiertas y ocultas en propiedades estatales, escuelas públicas o parques públicos, con excepciones sólo para las fuerzas del orden y los guardias de seguridad autorizados.
De acuerdo con el decreto de la gobernadora, los residentes con permisos para portar armas aún pueden tener armas en propiedad privada. Mientras viaja con un arma, una persona debe transportarla de una manera que haga que el arma de fuego sea inoperable, en una caja cerrada con llave o con un seguro en el gatillo, por ejemplo. Quienes violen la orden pueden estar sujetos a multas de hasta 5 mil dólares.
Luján Grisham, demócrata, dijo que se sintió impulsada a actuar después de varios tiroteos mortales recientes contra niños, incluido uno de sólo 11 años, que fue asesinado afuera de un estadio de beisbol de ligas menores la semana pasada, en Albuquerque.
En una conferencia de prensa el viernes, dijo que los tiroteos han constituido una epidemia y que la suspensión permitió un “período de reflexión” para que el estado encontrara la mejor manera de abordar la violencia armada y la seguridad pública. Dijo que esperaba que la suspensión fuera impugnada en los tribunales y no podía garantizar que se mantuviera.
“Doy la bienvenida al debate y la lucha para hacer que los neomexicanos sean más seguros”, dijo.
El sábado, la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas, junto con un miembro que vive en Albuquerque, presentó documentos ante el tribunal demandando a Luján Grisham, buscando bloquear la ejecución de su orden, argumentando que viola la Segunda Enmienda. En la presentación, el grupo señaló un fallo de la Corte Suprema del año pasado que encontró que una ley de Nueva York que imponía límites estrictos al porte de armas fuera del hogar era inconstitucional.
El mismo día, la Gun Owners Foundation y la organización Gun Owners of America presentaron otra demanda para bloquear la orden en nombre de un residente de Nuevo México.
Y otro grupo, la Asociación de Deportes de Tiro de Nuevo México, la asociación estatal oficial de la Asociación Nacional del Rifle, dijo el sábado que estaba en proceso de presentar una demanda contra la prohibición, según Anthony Segura, portavoz de la organización.
Dos representantes del estado de Nuevo México, Stefani Lord y John Block, ambos republicanos, pidieron el sábado que se impugnara a Lujan Grisham, diciendo que ella violó su juramento a Nuevo México y a la nación.
Luján Grisham dijo en una entrevista telefónica el sábado que seguía confiando en su decisión.
“Tengo poderes de emergencia”, dijo. “La violencia armada es una epidemia. Por lo tanto, es una emergencia”.
La orden ejecutiva es a nivel estatal pero afecta solo a ciudades y condados que exceden ciertos niveles de delitos violentos y visitas a salas de emergencia relacionadas con armas, criterios que actualmente se aplican solo al condado de Bernalillo, cuya sede es Albuquerque.
Harold Medina, jefe de la policía de Albuquerque, dijo en un comunicado que la gobernadora había dicho que los agentes del orden estatales serían responsables de hacer cumplir la orden.
John Allen, sheriff del condado de Bernalillo, dijo en un comunicado el viernes que la prohibición desafía la Constitución. Dijo que será cauteloso a la hora de colocar a sus diputados en posiciones en las que pudieran ser vulnerables a la responsabilidad civil, “así como a los riesgos potenciales que plantea prohibir a los ciudadanos respetuosos de la ley su derecho constitucional a la autodefensa”.
Pero añadió que está comprometido a luchar contra “la epidemia de violencia armada que azota” al condado.
La orden de la gobernadora también exige que los reguladores estatales inspeccionen a los comerciantes de armas de fuego en todo el estado cada mes para verificar su cumplimiento de las leyes de venta y almacenamiento. Y la orden pide al Departamento de Salud del estado que recopile información demográfica (como edad, raza, origen étnico y género) de las víctimas de disparos, información sobre la marca y el calibre del arma de fuego involucrada y las circunstancias generales que provocaron la lesión.
Patrick Carter, codirector del Instituto para la Prevención de Lesiones por Armas de Fuego de la Universidad de Michigan, dijo que había evidencia de que menos armas conducen a menos violencia en un área. Sin embargo, dijo, no había suficientes datos o investigaciones para determinar si esta prohibición tendrá o no un efecto en la prevención de lesiones por armas de fuego, lo que, según dijo, requiere “un enfoque integral que combine políticas con otros tipos de intervenciones”.
Robert Leider, profesor asistente de derecho en la Universidad George Mason, dijo que se han emitido prohibiciones como esta “cuando hay desórdenes públicos u otros estados de emergencia, pero la mayoría de los estados de emergencia generalmente implican algo más grave”. Expresó su escepticismo de que la prohibición fuera confirmada en los tribunales. “No conozco ningún precedente de esto, solo por delitos penales generales.
Por Colbi Edmonds/The New York Times
Foto: Unsplash
Créditos: diario.mx
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