A cinco años de la 4T, el nuevo modelo de salud sigue sin dar resultados

Sin quererlo, la administración lopezobradorista ha privatizado el sistema de salud con su nueva política en el sector

En materia de salud, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado por dos eventos, uno externo y otro interno. El externo fue la pandemia de Covid-19 y el interno fue el cambio radical en el diseño del sistema de salud implementado por la actual administración. Y ambos fenómenos se combinaron… para mal.

Para Andrés Castañeda, coordinador de las Causas de Salud y Bienestar de la organización Nosotrxs y miembro del colectivo Cero Desabasto, una evaluación de la política de salud del actual gobierno pasa por saber tres cosas: si mejoró o por lo menos preservó la salud de los mexicanos, si el sistema de salud respondió a las necesidades de la población y si el gasto de bolsillo se redujo. En los tres casos, los datos duros no favorecen a la Cuarta Transformación.

En lo que respecta al primer punto, la pandemia golpeó severamente al país. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, oficialmente el coronavirus mató a más de 334 mil personas en México desde su llegada en el año 2020 hasta este año, superando casi seis veces el “escenario catastrófico” de 60 mil decesos planteado al inicio de la crisis sanitaria por el entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Las estadísticas de exceso de mortalidad de la misma dependencia indican que en realidad en ese periodo murieron 511 mil personas por Covid-19, nueve veces más que el peor escenario que vislumbraba el también responsable del manejo de la pandemia en México.

“México es el país con más mortalidad en exceso”, indica Castañeda. Acota que no todo es culpa de la actual administración. Ciertamente el país arrastraba una carencia histórica de infraestructura y profesionales de la salud y tenía una alta prevalencia de enfermedades crónicas que hicieron más vulnerable a la población ante el nuevo virus. Pero estos problemas estructurales se combinaron con un mal manejo de la emergencia sanitaria por parte de las autoridades sanitarias de la 4T.

Haciendo a un lado al Covid-19, en el país también incrementó la prevalencia de enfermedades infecciosas como el VIH, sífilis, tuberculosis y hasta el dengue, denuncia el especialista. Y en el caso de las enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes o la hipertensión, no se ha logrado frenar —mucho menos revertir— su prevalencia.

Desabasto de medicinas y vacunas, una constante

En el segundo criterio, que es la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades de la población, el gobierno de López Obrador tampoco arroja buenos resultados. El caso más visible y mediático es el desabasto de medicamentos y vacunas.

“El número de quejas (por desabasto) se ha ido al cielo, el número de amparos también”, apunta Andrés Castañeda.

De acuerdo con cifras del colectivo Cero Desabasto, el número de quejas por falta de medicamentos comenzó a crecer desde 2019, el primer año de la actual administración, llegando a su pico a mediados de 2021. A partir de entonces los reportes han disminuido, pero siguen existiendo.

El desabasto ha afectado a pacientes con cáncer, trastornos mentales, dolor crónico, VIH, hipertensión arterial, diabetes y hasta con trasplante de órgano, como lo ha documentado La Verdad Noticias en distintos reportajes.

El esquema básico de vacunación también se fue para abajo. Datos de la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022 indican que en menores de cinco años la cobertura de la vacuna BCG es de 78.5 por ciento; de hepatitis B, 65.1 por ciento; de la pentavalente o hexavalente, 69 por ciento; de la neumocócica, 88 por ciento; de la antirotavirus, 81.6 por ciento, y de la triple viral (SRP), 61.8 por ciento.

En adolescentes, la vacunación contra virus de papiloma humano (VPH) fue de 43.7 por ciento; contra hepatitis B, de 31.8 por ciento; contra tétanos, de 38.5 por ciento, y la doble viral (sarampión y rubeola), de 32.6 por ciento. En ningún caso se alcanzó la meta de 90 por ciento de cobertura.

“Esta caída es para mí quizá el retroceso más grave del sistema de salud… va a haber muchos niños menores de tres años sin el esquema completo de vacunación”, considera Gabriela Luna, especialista en Economía de la Salud e investigadora de la Universidad Iberoamericana.

Castañeda y Luna coinciden en que el desabasto es un problema que esta administración generó al cambiar radicalmente la forma en cómo se compraban y distribuían las medicinas, argumentando que existían actos de corrupción en la forma como antes se hacía.

Previo a la 4T se habían establecido compras consolidadas a cargo del IMSS que con los años se fueron perfeccionando. El gobierno de López Obrador cambió de tajo ese modelo y concentró el sistema de compras consolidadas en la Secretaría de Hacienda, que no tenía experiencia, lo que a la postre fracasó.

Gabriela Luna explica que el gobierno —bajo el argumento de acabar con la corrupción— canceló contratos y no generó nuevos sin considerar que este tipo de adquisiciones se tienen que hacer con un año de antelación. Cuando los responsables se dieron cuenta del error, el desabasto ya era una realidad.

La tarea de la compra de medicinas luego pasó a la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS) y después al recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que lejos de resolver el problema, lo profundizaron. El Insabi pronto fue sepultado y tras su extinción la responsabilidad se traspasó a la Secretaría de Salud.

La última propuesta de López Obrador para combatir el desabasto de medicamentos es construir una superfarmacia que concentre “todos los medicamentos del mundo”, lo que genera más dudas que certezas entre los especialistas.

Sin quererlo, se privatizó la salud

Dice el proverbio que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones” y eso fue lo que precisamente ocurrió cuando el gobierno lopezobradorista despareció al Seguro Popular para reemplazarlo por el Insabi (que en menos de cuatro años también fracasó y murió).

Sin querer, lo que terminó haciendo la actual administración fue privatizar aún más los servicios de salud.

En el tercer elemento a evaluar de la política de salud, que tiene que ver con el gasto de bolsillo, las cifras tampoco son alentadoras.

La ENSANUT 2022 indica que la mitad de las personas que tuvieron una necesidad de salud y buscaron atención, lo hicieron en el sector privado, principalmente en consultorios particulares y adyacentes a farmacias (como Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro y otras).

Incluso, estas opciones privadas son preferidas por derechohabientes de los sistemas públicos porque reciben una atención más rápida y a veces hasta de mejor calidad por un módico precio.

A esto se agrega que la población que enfrentó carencia de servicios públicos de salud se duplicó, al pasar de 20.1 millones de personas sin acceso en 2018 a 35.7 millones en 2022, según los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Estas cifras explican que el gasto de bolsillo —los pagos directos que deben realizar las familias por servicios médicos, tratamientos y medicamentos—haya crecido 30.8 por ciento entre 2018 y 2022.

“Al tener un sistema de salud que no da respuesta efectiva, los médicos de consultorios adyacentes de farmacias ahora se han vuelto los principales proveedores de consulta familiar, y esto implica alrededor de un 30% de incremento en el gasto de bolsillo de los hogares.

“Esto quiere decir que sí se está privatizando la salud de alguna manera; al menos la salud de primer contacto se está privatizando porque tienes que pagar una consulta en un consultorio adyacente a farmacia y con ello llevar tu receta a surtirla a través de gasto de bolsillo”, indica Luna.

Andrés Castañeda coincide en que “ha habido una privatización, digamos, no voluntaria, no explícita, sin embargo, sí una privatización de los servicios porque las necesidades de la población están siendo satisfechas por los servicios privados”.

La razón de este fenómeno tiene su origen en la eliminación del Seguro Popular y su sustitución por el Insabi.

Si bien el extinto Seguro Popular no era la panacea, al menos había logrado tener a 53 millones de afiliados, prácticamente toda la población sin seguridad social.

El Insabi pretendía llegar a la población que aún faltaba por cubrir, pero no solo no lo logró sino que nunca pudo tener reglas de operación claras ni un catálogo para que la gente supiera qué tipo de enfermedades o tratamientos cubría ese sistema.

La administración de López Obrador terminó por enterrar al Insabi y sustituirlo por el actual IMSS Bienestar. Sin embargo, en palabras de Luna, “lo único que hizo es generar otro Frankenstein porque claramente no es el IMSS, porque los afiliados al IMSS sí tienen cobertura universal, es decir, de lo que te enfermes te tienen que atender, y eso no lo tiene el IMSS Bienestar”.

La especialista considera que todos los problemas que autogeneró el gobierno de la 4T surgen de una visión de que tenía que ser un médico el que dirigiera la política de salud. Esto parte de una premisa errónea porque no necesariamente un doctor tiene la visión completa de lo implica el complejo sistema mexicano más allá de lo estrictamente médico.

Al frente de todos estos cambios estuvieron médicos sociales que tenían “muy buenas intenciones”, pero “pocos argumentos financieros”.

López Obrador ha prometido que al final de su sexenio México tendrá un sistema de salud como el de Dinamarca, pero está lejos de ser el que a menos se tenía antes de su llegada.

Un nuevo modelo de atención a la salud mental

En el año 2022, la 4T reformó la Ley General de Salud con el objetivo de volver prioritaria la atención integral a la salud mental. La reforma tuvo como consecuencia la implementación de un nuevo modelo centrado en la atención primaria y basado en un enfoque comunitario.

Este modelo surgió en un contexto donde sólo dos por ciento del presupuesto en salud se destina a atender padecimientos mentales, cuando organismos como la OMS sugieren un presupuesto de cinco o hasta 10 por ciento.

De 2013 a 2020, el gobierno federal no etiquetó recursos específicos para la prevención y el control de la salud mental ni definió algún programa presupuestario exclusivo para su atención, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Un informe reciente del órgano fiscalizador sobre los esfuerzos del gobierno en materia de salud mental, indica que incrementaron los casos nuevos de depresión, consumo de sustancias y trastornos alimenticios.

Además de esto, la ASF detalló que la Secretaría de Salud toma decisiones en la materia con un diagnóstico de hace 10 años, lo que ha ocasionado fallas en el sistema de atención y déficit en la adquisición de medicamentos.

“En 2022, la Secretaría de Salud careció de un diagnóstico actualizado que diera cuenta del estado de salud mental de la población, ya que la información publicada, en ese año, correspondió a cifras de 2013”, indica el informe.

Recientemente se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y ahora se está levantando la Encuesta Nacional sobre Salud Mental y Adicciones (Enasama) para tener un diagnóstico certero sobre el fenómeno.

María Eugenia Ruíz, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), opina que hace falta sumar esfuerzos para que la salud mental sea una verdadera prioridad para el Estado. Celebra la creación de la Conasama como una forma de acercar los servicios de salud mental al ámbito comunitario.

4T avanzó en la regulación alimentaria

En el año 2020, la 4T presentó su campaña para mejorar los hábitos alimenticios y dar respuesta al problema de obesidad, una de las condiciones de salud más comunes en los mexicanos.

Con esta campaña, López Obrador se comprometió a eliminar la comida chatarra y a mejorar la nutrición del pueblo mexicano con el objetivo claro de reducir las enfermedades crónicas.

Una de las acciones más relevantes en la materia fue el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas que tuvo su sustento en la Norma Oficial Mexicana 051-SCFI/SSA1- 2010. La norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020.

Desde ese momento, a todos los alimentos empaquetados en los supermercados, elaborados por marcas nacionales e internacionales, se les imprimió un sello con una advertencia sobre su contenido en cinco aspectos fundamentales: calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sodio.

A tres años de haber sido implementada esta medida, la ENSANUT 2021 hizo una estimación del etiquetado de alimentos empaquetados.

Lo que encontró es que 89.4 por ciento de los adultos entrevistados reconocían la existencia del sistema de etiquetado; 42.2 por ciento identificó qué alimentos eran menos saludables con este sistema y pudo decidir qué tan saludable era su consumo; y 60.5 por ciento indicó que el etiquetado ayuda a padres y madres de familia para elegir alimentos más saludables para los hijos.

Sin embargo, el uso del etiquetado no se ha traducido en una reducción de malos hábitos o reducción de enfermedades crónicas.

Según el informe del Coneval sobre Derecho a la Salud 2023, la tasa de mortalidad por diabetes mellitus incrementó 50 por ciento de 2012 a 2021, al pasar de 72.7 a 109.1 muertes por cada 100 mil habitantes, posicionándose como la segunda causa de muerte entre 2012 y 2019.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) ha denunciado la poca eficiencia de los empaquetados, explicando que la población ya asimiló los octágonos, pero no necesariamente ha cambiado sus hábitos alimenticios.

Cuauhtémoc Rivera, ejecutivo de Anpec, explica que este modelo fue traído de Chile, donde se pudo ver una reducción en los alimentos chatarra, sin embargo, acota que México tiene características culturales diferentes.

“La idea es que las empresas también hubieran cambiado sus recetas para productos con menos calorías, azúcares, sodio o grasas, pero vemos en los mostradores que no es así, la gente ya asimiló los octógonos. El problema es que los consumidores en México tienen otra cultura, otros hábitos alimenticios.” dijo.

Una de las alternativas más recientes del actual gobierno es el lanzamiento de las “Guías alimentarias”, las cuales proponen una alimentación saludable y sostenible para los mexicanos por medio de diez recomendaciones. Sin embargo, su impacto es difícil de cuantificar.

Actualmente, según datos de la UNAM, México es uno de los primeros países en consumir bebidas azucaradas, con un consumo promedio de 163 litros por persona al año.