By Washington— La Corte Suprema se enfrentará a una muy grande maraña de cuestiones legales pendientes cuando revise la ley de aborto más restrictiva de Texas hoy lunes, pero la investigación en sí es evidencia de un tribunal cambiado cuya visión del aborto como un derecho constitucional está en duda.
La audiencia programada apresuradamente del lunes abre el mes más dramático para los derechos reproductivos en la Corte Suprema en tres décadas. Fue entonces cuando una sorprendente mayoría de jueces nominados por los republicanos hicieron lo inesperado y afirmaron en lugar de renunciar al derecho al aborto establecido en Roe v. Wade en 1973.
Esta vez, tal resultado –ya que el tribunal considera la ley de Texas y, también el 1 de diciembre, una prohibición del aborto en Mississippi meses antes de que lo permita el precedente actual de la Corte Suprema–, sería una amarga decepción para los activistas contra el aborto que sienten que esta es su oportunidad.
“Durante dos generaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos ha atado las manos de los estados para promulgar leyes que protejan a los niños no nacidos y a sus madres”, dijo Marjorie Dannenfelser.
Dannenfelser es la presidenta del grupo antiaborto Susan B. Anthony List, y también añadió que “es hora de restaurar este derecho a la gente y actualizar nuestras leyes”.
Los defensores del derecho al aborto, mientras tanto, dicen que la acción de la Corte tendrá inmensas consecuencias, comenzando con la ley de Texas, conocida como SB 8.
“El resultado de este caso definirá el futuro de nuestra democracia constitucional”, dijo Sam Spital, director de litigios del Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP, que apoya a los proveedores de servicios de aborto y una demanda del Departamento de Justicia contra Texas.
“En ausencia de la intervención de la Corte Suprema, el modelo de SB 8 para desafiar abiertamente el precedente establecido por la Corte más alta en nuestro país hará metástasis, y no sólo con respecto a los derechos al aborto”, dijo. “Muchos de nuestros derechos constitucionales estarán en grave peligro”.
Concuerda con un escrito presentado por ex fiscales y jueces. “La SB 8 es quizás el intento más descarado de subvertir la autoridad federal desde la era de Jim Crow”, dice.
La ley de Texas prácticamente prohíbe el aborto después de seis semanas de embarazo, un punto claramente en desacuerdo con Roe y el seguimiento de 1992 Planned Parenthood v. Casey, que dijo que los estados no pueden imponer una carga indebida a quienes buscan un aborto antes de la viabilidad fetal, alrededor de 22 a 24 semanas.
Pero la ley de Texas fue diseñada para evitar la revisión de los tribunales federales, que están sujetos al precedente de la Corte Suprema y habitualmente impiden que los funcionarios estatales hagan cumplir las leyes que intentan prohibir el aborto o restringir el procedimiento al principio del embarazo.
Texas ha cambiado la aplicación de la ley de los funcionarios estatales a los ciudadanos privados, quienes pueden entablar lucrativas demandas civiles contra quienes ayudan o incitan a los abortos prohibidos. Esos casos deben ser escuchados en un tribunal estatal, dice el estado, y sólo después de que se hayan presentado las demandas civiles.
Las peticiones de los prestadores del servicio de abortos, para que interviniera la Corte Suprema antes de que la ley entrara en vigor el pasado 1 de septiembre, fueron rechazadas en su momento con una votación de 5 a 4; la evidencia más tangible hasta ahora de cómo ha cambiado la mayoría conservadora de la Corte.
Es difícil imaginar que un tribunal que incluye al juez Anthony Kennedy, quien se retiró en 2018, o la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien murió el año pasado, hubiera permitido que la ley de Texas entrara en vigencia.
Pero sus dos sucesores, los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, estaban en la mayoría de cinco miembros, junto con el otro candidato a la Corte Suprema del presidente Donald Trump, el juez Neil Gorsuch. Si bien la Corte ignoró las solicitudes para reconsiderar a Roe y Casey como parte de los argumentos del lunes, las dudas sobre si deberían permanecer como un precedente proporcionan el trasfondo de la ley estatal que en su mayoría ha cerrado la disponibilidad del aborto en el segundo estado más grande de la nación.
“La SB 8 disuade las violaciones sólo porque los proveedores de servicios de aborto perciben que el futuro de Roe v. Wade es incierto”, escribe Jonathan Mitchell, un ex procurador general de Texas que es uno de los arquitectos de la ley, en una presentación ante la Corte Suprema. Representa a tres ciudadanos privados que quieren hacer cumplir la ley y participará en los argumentos de hoy.
Cualquier decisión de la Corte Suprema que anule a Roe se aplicará retroactivamente, señala. Eso abriría a quienes ayudan con un aborto prohibido a múltiples demandas y daños de al menos $10,000 por cada violación.
“Ningún proveedor de servicios de aborto puede correr ese riesgo, incluso si está seguro de que podría derrotar las demandas de cumplimiento de la SB 8 hoy en día, porque la ley podría cambiar mientras el caso está en apelación”, escribe Mitchell.
Para los activistas contra el aborto, la ley de Texas aprobada la primavera pasada fue brillante.
“El ingenio de Texas”, escribió Roger Severino, investigador principal del Centro de Política Pública y Ética, en la National Review, fue “neutralizar el arma más potente de la industria del aborto, el desafío previo a la aplicación de la ley”.
Por Associated Press
Créditos: diario.mx
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